Ciudad de México. Como parte de la estrategia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para fomentar ejercicios de gobierno
abierto en los estados, hasta el momento 23 entidades se han incorporado al esquema y en 15 de ellos “hay planes de acción con compromisos consensuados entre las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y organismos garantes de la transparencia”, sostuvo Joel Salas, comisionado y presidente de Gobierno Abierto.
Sin embargo, a pesar de que ha crecido favorablemente este tipó de prácticas en los estados, también es claro que si al final de cuentas estas prácticas no alientan mejores condiciones de vida a los ciudadanos y una mayor participación social en la definición de políticas públicas, “así como hablábamos antes de democracia electoral, de gobernanza, el gobierno abierto se puede quedar en una etiqueta más”.
Salas señaló que el esquema de Gobierno abierto ha sido impulsado en México desde hace un par de años y de hecho, el país es pionero, a nivel internacional en la promoción de este esquema pues formó parte de los 8 países originales que signaron este esquema y, recientemente, en 2015, se realizó en México la Cumbre mundial de Gobierno Abierto.
A pesar de ello, “el tema fundamental que hay que tener muy claro “es que transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y combate a la corrupción no son fines en sí mismos, sino medios para lograr un México más justo y con menos desigualdad”.
Para el comisionado, el modelo de gobierno abierto que se impulsa es un medio para lograr “un país más justo con menos desigualdad, menor impunidad y mejores niveles de seguridad”.
En la lógica del esquema del gobierno abierto, se alienta que en el diseño de las políticas públicas participen no sólo las autoridades, sino también las organizaciones sociales y los órganos garantes de transparencia de la información en cada entidad.
Salas Suárez destacó que la brecha en el nivel de ingresos entre los estratos sociales en México es una de las más amplias en América Latina. De ahí la importancia de que la población participe y decida en las políticas públicas que permita cerrar la brecha abierta por la crisis de representación de nuestras democracias.